Nuevo Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género

La Instrucción 7/2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de la seguridad de las víctimas. Viene a sustituir y completar la actuación que sobre las víctimas se nenia realizando hasta ahora y ordenada por la Instrucción 10/2007 modificada por la 5/2008 de la misma Autoridad. Lo podeis descargar aqui.

La nueva Instrucción baja más a la actuación concreta a realizar por parte de los agentes dando órdenes de cómo actuar ante las valoraciones de riesgo. El resultado de este nuevo protocolo lo veremos cuando lleve tiempo suficiente aplicado, no obstante, ya hemos explicado en otras ocasiones que la Orden de alejamiento NO ES UN METODO que tenga utilidad disuasoria y que contribuya para  evitar las agresiones, ya que se deja en la propia voluntad del agresor el cumplimiento de una media que en principio esta concebida por la norma para salvaguardar la integridad física de la víctima.

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La actividad policial en casos de violencia de género va dirigida a determinar:

  1. a) Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima.
  2. b) Las relaciones mantenidas con el agresor.
  3. c) Los antecedentes del propio agresor y su entorno.
  4. d) Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y del agresor.
  5. e) La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la víctima al estatuto de protección

La nueva instrucción especifica que estos datos son esenciales para determinar las medidas policiales que deben ser tomadas de forma “PERSONALIZADA E INDIVIDUAL“.

Toda la información, ha de ser facilitada a la Autoridad judicial y al Ministerio Fiscal.

El formulario VPR contemplara factores históricos que permitan realizar estimaciones futuras y deben de contener instrucciones sobre su cumplimentación y factores de riesgo. Se debe cumplimentar una vez recopilada toda la información de víctima, agresor, testigos técnicos, facultativos etc. NO realizar preguntas directas sobre esos factores y tiene que ser cumplimentado por los agentes, NUNCA POR LOS IMPLICADOS.

Si la instrucción de diligencias se va a dilatar en el tiempo se realizará una primera VPR una vez recogida la denuncia y otra nueva, una vez recopilada toda la información.

Los niveles de riesgo podrán ser modificados SOLO AL ALZA tanto en la VPR como en la VPER.

Los niveles de riesgo “bajo”, “medio”, “alto” y “extremo”, implicarán que el caso permanezca en la situación de “activo” en el Sistema VioGen. En el nivel de riesgo “no apreciado”, los agentes pueden cambiar los casos a la situación de “inactivos”, estos casos cuando tengan medidas judiciales de protección en vigor, permanecerán en activo. En cualquier momento un caso inactivo podrá reactivarse si se tiene conocimiento de nuevos hechos o circunstancias que así lo requieran.

La Unidad que tenga asignado el caso, será la responsable de mantener la información actualizada.

El resultado de la valoración se notificará a la Autoridad judicial y Ministerio fiscal, en casos de valoración medio, alto o extremo se informará a la víctima en lenguaje claro, sencillo y accesible y con asistencia lingüística si fuese necesario.

Cada nivel lleva aparejadas una serie de medidas que se detallan en el Adjunto I de esta Instrucción. También se informará a la victima de recomendaciones de seguridad y autoprotección según adjunto II y III de esta Instrucción. Esta medida aunque novedosa, puede no ser tan efectiva, me explico, al final debido al volumen de trabajo, a que una  recogida de denuncia de este tipo tiene una duración dentre dos horas y media y cuatro horas, puede reducir estas recomendaciones a lo que en muchos casos es en la actualidad el acta de información de derech0s al perjudicado u ofendido o la informacion de recursos existentes para la víctima… un “firme Vd. aqui”, sobre todo teniendo en cuenta que al hacerlo por triplicado la mujer tiene que firmar aprox. 30/45 folios.

5 folios de la denuncia (minimo), 6 folios del acta de perjudicado u ofendido, 1 folio con la citación del juzgado, 1 folio con las recomendaciones de seguridad, 3 folios mas con las medidas de seguridad adoptatadas para la víctima y los hijos menores… todo ello por triplicado.

El traspaso de actuaciones entre Cuerpos o Unidades se realizará mediante el sistema VIOGEN, pero se comprobará que ese seguimiento se va a realizar por la Unidad receptora.

La primera VPER se realizará tras el Juicio Rápido o vista judicial, sin perjuicio de haber realizado otras anteriormente, contactando previamente con la víctima, caso de que se le haya otorgado Orden de Protección se le informará del alcance y efectos de la misma, así como de su plan personalizado de autoprotección.

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Existen dos modalidades de VPER:

– Con incidencia.

– Sin incidencias.

El resultado de la VPER asignará el nivel “no apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”, el mismo, será notificado a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal. En caso de discrepancia entre las medidas de protección acordadas por la Autoridad Judicial y las que resulten de la valoración de riesgo policial, se aplicarán siempre las acordadas por ésta, informándola de inmediato sobre la discrepancia existente, mientras resuelve:

Si la valoración de riesgo policial resulta diferente a “no apreciado” pero la Autoridad Judicial NO ha concedido Orden de Protección, se mantendrá activo en el sistema VIOGEN, facilitando la protección correspondiente hasta que el nivel de riesgo policial pase a “no apreciado”.

Si la valoración policial ha sido “no apreciado” pero la Autoridad Judicial SI ha dictado orden de Protección u otras medidas cautelares, también se mantendrá activo en el sistema de VIOGEN y aplicando las medidas correspondientes a ese nivel cumpliendo las resoluciones dictadas por la Autoridad Judicial.

Cuando las medidas expresadas en la valoración de riesgo sobrepasen la capacidad de decisión operativa del evaluador se elevará a quien tenga la facultad de designar los medios al efecto.

Los agentes realizaran las VPER con y sin incidencia cuando suceda la primera de forma periódica, tras entrevista con la víctima respetando los siguientes plazos:

– Nivel “extremo”, antes de las setenta y dos horas.

– Nivel “alto”, antes de los siete días.

– Nivel “medio”, antes de los treinta días.

– Nivel “bajo”, antes de los sesenta días.

– Nivel “no apreciado” con Orden de Protección en vigor: antes de los sesenta días

Cuando se estime, a través de los formularios de valoración y de evolución, que han desaparecido o que han remitido las circunstancias que ponían en riesgo a la víctima (nivel de “riesgo no apreciado”), se comunicará a la Autoridad Judicial, informando sobre los factores determinantes de tal valoración, pasando el caso a estar “inactivo” en el Sistema VioGén, cuando no resulte de aplicación una medida cautelar de protección en vigor.

Si una víctima que ya se encuentra en el Sistema VioGén en situación de caos “inactivo” presenta una nueva denuncia contra el mismo agresor o una nueva resolución judicial, se reactivará el citado caso. Como consecuencia, será obligatorio cumplimentar una nueva VPER.

Si una víctima que ya se encuentra en el Sistema VioGén, en cualquier situación, presenta una denuncia contra un nuevo agresor, se activará un nuevo caso, cumplimentando un nuevo formulario VPR, actuando como un caso nuevo completamente.

Lo que creo que si se conseguira con el nuevo propocolo es saber lo que los agentes deben realizar en cada nivel de riesgo con el fin de proteger a la victima, eso facilirá evitar responsabilidades por negligencia y o imprudencia en la aplicación de medidas por parte de los mismos ya que hasta ahora quedaban bastante difusas y podria acusarse a los agentes de no aplicar las medidas de forma correcta.

La violencia de genero, tambien la culpa es de la policia

Después de los últimos asesinatos contra mujeres a manos de sus parejas y, después de leer las noticias parece que la culpa de que a esas mujeres las hayan asesinado es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Un dato que hasta hace bien poco no salía en los medios es la graduación de la valoración de riesgo que tenía asignada la víctima, y resulta que , según las declaraciones de prensa, catorce de las mujeres que acabaron siendo asesinadas este año, tenían “Riesgo medio o bajo”.

Parece que quien facilito estos datos a los medios de comunicacion quería expresamente descargar sus responsabilidades, la responsabilidad  de tener una Ley contra la violencia de género que no cumple con el fin último de la misma, que es disminuir la cantidad de mujeres muertas a manos de sus parejas, haciendo responsable a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de esas muertes al catalogarlas con esa graduación de “Riesgo medio, bajo o no apreciado”.

Todas las estadísticas de la serie histórica nos muestran que el grueso de las mujeres asesinadas desde el nacimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género no había denunciado jamás. Solo el 30% de las mujeres fallecidas este año había denunciado previamente.

Otro dato es que las mujeres asesinadas que SI habían denunciado, los hechos que habían puesto en conocimiento de las Autoridades, eran de una gravedad mínima. Una de las cuestiones que dice textualmente el Informe del Observatorio contra la violencia de genero es “La mayoría de las víctimas tenían una valoración del riesgo entre ‘medio’ y ‘no apreciado’, lo que hace preciso una revisión de los formularios utilizados en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior (VIOGEN)”.

Otra cuestión que expresa el informe citado anteriormente es el hecho de que “en la mayoría” de los casos analizados la víctima se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar contra su marido, que era el agresor.

¡Perfecto! La culpa o la tiene la tienen las FF. y CC. de Seguridad o la tiene la víctima, la Ley es una Ley fantástica y el problema es como siempre, de otros. España es un Estado de Derecho y, como tal, tanto la víctima como el supuesto agresor son portadores de Derechos, entre los que destaca el Derecho a no declarar contra el marido/compañero sentimental, un Derecho que figura en casi todos los Códigos occidentales.

La valoración de riesgo  las hace las FF. y CC. de Seguridad, en el momento que la víctima presenta denuncia con los datos aportados por varias fuentes:

–          La victima

–          El autor

–          Testigos

–          Conocimiento propio del agente

Ante los datos aportados por la víctima, y cuando no existen testigos, es difícil de por si,  el valorar, si victima ante la pregunta del agente dice que la han insultado y, el denunciado lo niega, ¿qué valoración le damos?

Las valoraciones a cada una de las preguntas que se realizan a la víctima, el agente que confecciona la valoración ha de escoger una “intensidad” entre varias respuestas:

–          Se desconoce

–          No se da

–          Se da poco

–          Se da

–          Bajo

–          Medio

–          Alto

–          Extremo

Las preguntas que se realizan en el cuestionario de valoración de riesgo son de lo más variado, muchas de ellas son obvias y otras parecen rebuscadas, la cantidad de las mismas no llega a una cincuentena y,  por ejemplo, ante la pregunta ¿Ha existido violencia física? Supongamos por un momento que la víctima nos ha dicho que sí, que la ha dado una bofetada,  el supuesto autor lo niega, nos dice que jamás la ha tocado… El agente ha de poner una intensidad de las expresadas anteriormente… Si da por verídica la respuesta de la víctima, una bofetada es ¿mucho o es poco? ¿Qué debe poner el agente?

La valoración de riesgo no es la panacea, de hecho la propia valoración de riesgo se cataloga a sí mismo como “experimental”  y las nuevas versiones del programa se modifican con las preguntas y la experiencia de quienes realizan estas valoraciones, los miembros de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad.

El resultado que se produce en la citada valora ración de riesgo no es más que la suma de todos los valores expresados por el agente dando un resultado:

–          Riesgo no apreciado

–          Riesgo bajo

–          Riesgo medio

–          Riesgo alto

–          Riesgo extremo

A cada una de las anteriores graduaciones corresponden una serie de medidas de protección que las FF. y CC. de Seguridad han de adoptar con la víctima, pero quienes realizan estas valoraciones son agentes, sujetos a otros condicionantes como lo son la carestía de medios y personal, las directrices dadas por sus superiores jerárquicos y mil otros condicionantes que hacen que quien elabora la citada valoración de riesgo, tire un poco para abajo en vez de para arriba a la hora de valorar.

Los números cantan, según la nota de prensa dada por el consejo General del poder Judicial se presentaron en 2013, la cantidad de 327 denuncias por violencia de género, al día, lo que supone un total de 119.355 denuncias.

De las mismas, obtuvieron Orden de Protección de la Autoridad Judicial 27.122 mujeres. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) La estadística, como es habitual en este país, carece de muchos datos, entre los que se encuentran las valoraciones de riesgo de esas 27.122 víctimas, así como la reiteración de las agresiones, el consentimiento voluntario de las mujeres al quebrantamiento de la orden de Protección por parte de sus agresores,  etc.  Si solo la mitad de esas mujeres tuviesen riesgo alto, estaríamos hablando de casi  treinta mil agentes para su protección, lo que supondría, en números redondos,  el cincuenta por ciento del total de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de España.

Pero ahora, después de cincuenta victimas durante 2014, de las cuales habían denunciado dieciséis, catorce tenían riesgo medio o inferior…. Por lo tanto ¡La culpa es las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad!

La culpa es de una Ley que no funciona, que desde el momento que se promulgó la misma, no solo no ha disminuido ni una sola de las muertes anuales sino que en varios de esos diez años el número de mujeres fallecidas casi se duplico con respecto a la preexistencia de la citada norma.

Tesis Doctoral sobre violencia de genero

Tesis Doctoral de D. Jorge Zurita Bayona
Tesis Doctoral de D. Jorge Zurita Bayona

Hace pocas fechas hable con el D. Jorge Zurita Bayona, @JoZurBay en twitter, el cual acaba de realizar su Tesis Doctoral sobre “Violencia de genero, marco histórico evolutivo y predicción del nivel de riesgo” y le solicite publicar dicha Tesis en mi blog, la cual podéis descargar en este enlace.

He tenido que esperar unos días al objeto de poder estudiar el documento, bastante extenso y empaparme del mismo ya que son casi novecientas paginas de datos, por otro lado muy interesantes.

Lo primero que me llamo la atención fue una aparente contradicción al hablar de la victimización secundaria, ya que en un primer momento nos habla de lo perjudicial que pueden y son, los procesos largos en este tipo de casos y, por otro lado del efecto demoledor que los juicios rapidos pueden tener sobre la victima, aunque cada uno de ellos por diferente motivo.

Desconocía el programa realizado en 1997 en el West Yorkhire (Reino Unido) y del que nos habla el autor de la Tesis llamado “Victimización repetida” con unos resultados sorprendentes, programa que hacia innecesaria la judicialización del problema de la violencia de genero atajando el mismo antes de que llegase a mayores.

El autor hace un repaso histórico con datos muy interesantes que en algunos casos desconocía, como es la Resolucion 65/229 de Naciones Unidas sobre tratamiento a reclusas.

Para finalizar recomiendo leer con detenimiento el Estudio de Campo sobre las valoraciones de riesgo y de evolución de riesgo.

Modificaciones previstas en la Ley Integral contra al violencia de genero

Modificar la Ley Integral contra la Violencia de Genero?

Hace unos días y después del último asesinato de una mujer a manos de su marido y, que por otra parte se alcanzase el desgraciado récord de 21 mujeres asesinadas en un trimestre nos sorprendía el Ministerio de Sanidad con una nota de prensa, en la que comentaba los acuerdos que había llegado después de una reunión de la Titular del mismo con los responsables de los Ministerios de Interior y de Justicia.

En varias entradas de este blog ha comentado  que, lejos de atajar el problema, desde la entrada  en vigor  la Ley Integral de Violencia de Genero ha aumentado el número de mujeres fallecidas a manos de sus maridos/compañeros sentimentales de forma alarmante, podéis consultar aquí  mi último análisis realizado

Estoy de acuerdo con que se creen grupos de trabajo para intentar reducir el altísimo número de mujeres fallecidas, pero en la nota de prensa del Ministerio de Sanidad ni se nombran a quienes conocen el problema desde el estudio del mismo, a los criminólogos.  La revisión del protocolo de valoración de riesgo pasa por que las mujeres denuncien y, en el caso de las mujeres asesinadas por sus maridos/compañeros sentimentales el porcentaje de mujeres que habían denunciado previamente no deja de ser testimonial.  De las 21 mujeres que han fallecido durante el año 2014, solo 6 habían denunciado a su agresor y de estas, 2 retiraron la denuncia, si nos referimos a años anteriores los resultados son demoledores.

AÑO FALLECIDAS HABIAN DENUNCIADO RETIRARON DENUNCIA
2013 54 11 1
2012 52 10 0
2011 61 15 1
2010 73 22 ¿?

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Después de examinar el cuadro anterior podemos decir que de nada sirve la realización de valoraciones de riesgo más completas, incluso más elaboradas y acertadas si las mujeres que son víctimas de violencia de género no se acercan a denunciar ante los Juzgados de Violencia Mujer ni, ante las comisarías de Policía o los cuarteles de la Guardia Civil.

La nota de prensa habla de estudiar la situación laboral de la víctima y del agresor y,  aunque algunos estudios afirman que la falta de trabajo puede ser un factor de riesgo, también es cierto que las víctimas de violencia de genero se encuentran entre todos los grupos sociales y por otro lado a la hora de solicitar la Orden de alejamiento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la actualidad hacen llegar esta información, en dos documentos  a la Autoridad Judicial, por un lado lo hacen en la propia denuncia interpuesta por la víctima y por otra parte también se hace constar en la solicitud de de la Orden de Alejamiento a fin de que dicha Autoridad tenga todos los datos posibles en la mano a la hora de imponer las medidas que estime convenientes

Se nombra en la nota de prensa de varios  factores de vulnerabilidad entre los que nombra de la discapacidad o el hecho de ser menor de edad o tener menores a su cargo, sobre ello diré que las estadísticas no expresan un mayor índice de casos entre estos colectivos, es cierto que muchas de las mujeres que denuncian tienen hijos a cargo, pero ello no tiene porqué ser un factor de riesgo, con respecto a los otros grupos sociales nombrados anteriormente  no tienen una especial relevancia en el porcentaje de casos aunque si se ha apreciado en los últimos tres/cuatro años un aumento de los mismos entre los menores. Pero estimo que este último grupo se reduciría a base de sensibilización y educación en las aulas.

La peligrosidad del maltratador, basada en diversos aspectos como que el mismo sea drogadicto, alcohólico, perteneciente a grupos sociales que justifiquen la violencia entre otros factores, ya es tenido en cuenta actualmente en las relaciones de riesgo.

Sobre los 46,000 casos nombrados que tienen una catalogación de “ Riesgo no apreciado” son catalogados de esa manera porque ha transcurrido un tiempo providencial en el que no se han vuelto a producir ningún incidente y, por lo tanto se estima que no existe riesgo de que se produzca el futuro, muchos de esos casos son antiguos y llevan sin producirse ningún altercado varios meses e incluso años.

Se pretende ahora cambiar el “Protocolo Médico-Forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género” que venía dando buenos resultados hasta ahora y lo que sí veo acertado es la implantación de una valoración psicológica del riesgo de violencia de género, dado que entiendo la especial necesidad de la realización las valoraciones de tipo psicológico en víctimas de ese género, intentando la integración de los equipos psicosociales dependientes del ministerio de justicia en los propios institutos de medicina legal, el problema bien entrado por la sobrecarga de trabajo en los propios Institutos.

No es algo nuevo que se informe a la víctima sobre la situación penitenciaria del agresor, es algo que ya se viene haciendo por parte de las FF. y CC. de Seguridad y los servicios de vigilancia penitenciaria, quienes cuando sale por el motivo que sea un agresor de prisión lo ponen en conocimiento de la víctima.

Sobre las competencias de los Juzgados de Violencia de género, siempre he considerado que si las Órdenes de alejamiento están dictadas por un Juzgado de este tipo, si se quebrantan deberían de ser llevadas por dicho juzgado, y dada la modificación que se quiere realizar en el código penal con respecto a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, contra el honor de la mujer, cuando se realicen por el marido/compañeros sentimental o quien haya tenido relación la afectividad con la mujer estaría encuadrado dentro de los hechos que actualmente juzgan los jueces de Violencia Mujer.

Sin embargo y con respecto a lo anterior tanto los Juzgados de Violencia Mujer como las Fiscalías especializadas en el tema, tienen ya en la actualidad una sobrecarga de trabajo muy considerable, cosa que se puede comprobar en el siguiente cuadro:

AÑO NUMERO DE DENUNCIAS TRAMITADAS

2007

126293
2008

142125

2009

135540

2010

134105

2011

134002

2012

128477

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Sorprende que 10 años después del gran vigor de la ley integral contra la violencia de género estemos hablando todavía de intentar evitar la victimización secundaria de las mujeres que sufren violencia de género y estemos a la espera de un marco como es el estatuto de la víctima, es algo en que los criminólogos llevamos trabajando mucho tiempo y solicitando no sólo para este tipo de delitos sino para todos los delitos violentos, evitar la victimización secundaria debería de haber sido desde un principio una prioridad para la administración.

Sobre la referencia que hace nota de prensa relativa a la formación de los agentes implicados en la violencia de género, me limitaré a poner el enlace a una denuncia que realiza AUGC en la que dice que el 95% de los casos de violencia de género que lleva la Guardia Civil son atendidos por agentes sin formación. Valga esta noticia como muestra de cómo se encuentra la situación.

Cualquier iniciativa para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan dejar atrás su situación será bien acogida, y lo que expresa la nota de prensa del Ministerio de Sanidad no hace más que ampliar la oferta ya existente, ya que hasta la fecha si existían bonificaciones para la contratación de estas personas por parte de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo.

Sinceramente, no creo que este es el camino para reducir la cantidad de víctimas mortales de violencia de género y, sobrecargará aún más, el trabajo que indiscutiblemente realizan de una forma intachable todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género.

Se ha comprobado en estos diez años que lleva vigente la Ley Integral contra la Violencia de Genero que el aumentar la carga penal de los hechos catalogados como violencia de genero no da resultado, las estadísticas avalan el fracaso de la Ley.

Una Ley que se debe cambar por ineficaz, y que se debe sustituir por otra después de realizar un estudio serio sobre denuncias interpuestas durante el periodo de separación de la pareja, creo que nos llevaríamos mas de una sorpresa, después de estudiar el síndrome de alineación parental, la posibilidad la generalización de la custodia compartida de los hijos, pienso que estas medidas, en unión de otras, si es posible que hagan que la cantidad de victimas descienda.

Las Denuncias Falsas en Casos de Violencia de Género: ¿Mito o Realidad?

Esta semana copio del blog de “Las Disidentes”  un magnifico trabajo de Francisco Pérez Fernández y Beatriz Bernabé Cárdaba de la Universidad Camilo José Cela sobre las denuncias falsas en el ámbito de la violencia de genero, un trabajo muy conseguido ya que no existen estadísticas sobre ello y hay que basarse en otros indicios como es el numero de casos sobreseídos y acusados absueltos.

Resumen. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, España se ha convertido en el primer país europeo que cuenta con una legislación multidisciplinar de estas características, pues toca todos los aspectos implicados en la materia: educación, prevención y sanción. No obstante, el hecho de que esta ley se adentre en el ámbito de la llamada discriminación positiva y sólo contemple como autor de conductas punibles al varón, entretanto sólo asuma como víctima a la mujer, es cuestión que ha generado un candente debate social e incluso serias cuestiones acerca de su constitucionalidad (Sanmartín, Iborra, García Esteve y Martínez Sánchez, 2010). El debate acerca de la existencia de posibles “denuncias falsas” de maltrato, sin duda, no beneficia a nadie en este controvertido contexto jurídico, político y social. Tratamos, por ello, de profundizar en este ámbito a fin de determinar cuánto de cierto pudiera haber en este asunto que, por el bien mismo de la igualdad, debiera afrontarse y resolverse con decisión y eficacia.
Palabras clave: violencia de género; denuncia falsa; Ley 1/2004; igualdad; discriminación.

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, España se ha convertido en el primer país europeo que cuenta con una legislación multidisciplinar de estas características, pues toca todos los aspectos implicados en la materia: educación, prevención y sanción. No obstante, el hecho de que esta ley se adentre en el ámbito de la llamada discriminación positiva y sólo contemple como autor de conductas punibles al varón, entretanto sólo asuma como víctima a la mujer, es cuestión que ha generado un candente debate social e incluso serias cuestiones acerca de su constitucionalidad (Sanmartín, Iborra, García y Martínez, 2010).

Es innegable que hasta un tiempo relativamente reciente, y como una parte asumida de la dinámica social, la mujer ha estado sometida a toda clase de vejaciones, insultos y agresiones físicas y psíquicas frente a las que no tenía otra respuesta que el asentimiento. Incluso se consideraba, a menudo, esta situación se servilismo hacia el varón como algo que formaba parte de su entidad y femineidad naturales (Paz y Coronado, 2005). Una manifestación natural de su sumisión al varón en tanto que autoridad paternalista y tutelar, suministrador del dinero para la manutención de la unidad familiar, cúspide del hogar y gestor a quien se debía respeto y obediencia incontestables. No hace mucho tiempo todavía que la mujer, en España, pasaba de la tutela del padre a la del marido, por lo que no podía gestionar propiedades y cuentas bancarias, decidir acerca de las condiciones de su maternidad, o simplemente acceder a un puesto de trabajo, sin la autorización y consentimiento expresos de cualquiera de ambos (Ortiz, 2006). Un hecho tan profundamente introducido en la mentalidad colectiva, y tan cercano, que aún hoy resulta hasta cierto punto comprensible –en estrictos términos de evolución sociocultural– la resistencia de muchos varones educados en aquel patrón –o desde él– a asumir las modificaciones sufridas por el statu quo ético y legal de la mujer en un tiempo relativamente corto. Una razón que, por sí misma, hace necesaria una mayor inversión pedagógica en materia de igualdad.

Los cambios sociales ocurridos tras la caída del régimen franquista y la Transición democrática han procurado, a su vez, transformaciones rápidas en las dinámicas familiares, configurando nuevas tipologías de familia y novedosas relaciones de parentesco. Por supuesto, no se trata de un fenómeno tan solo del momento presente. La historia de la familia, en tanto que institución sociocultural, es larga y está repleta de hitos que la han ido adecuando a la realidad de cada época (Parada, 2010). Sea como fuere, uno de los factores más importantes que están determinando los cambios sociales en la familia española del presente es la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, hecho que ha modificado por completo su estatus jurídico y social en apenas tres décadas. Esta incorporación, como es lógico, ha revolucionado las pautas de conducta, educación y poder en el interior de los núcleos familiares así como los límites de sus funciones socializadoras, pues la mujer, tradicionalmente encargada del hogar y del cuidado y crianza de los hijos, ahora también pasa muchas horas fuera de casa, contribuye activamente al sostenimiento económico de la casa, goza de mayor independencia y se ve obligada a delegar, complementar y matizar sus antiguas funciones.

Evolución histórica de las personas ocupadas en España, por sexo.
(Fuente: INE, 2011a)

Inevitablemente, este nuevo estatus sociocultural de la mujer ha motivado que sus problemas tengan mayor visibilidad y que, por tanto, la comunidad y las Autoridades ya no puedan aplazar, soslayar o minimizar asuntos que la afectan directamente como el de la violencia de género. De hecho, la presión social sistemática ha conseguido que los diferentes gobiernos aumentaran progresivamente las ayudas socioeconómicas para las mujeres en situación de riesgo a la par que trataban de combatir el fenómeno por la vía de las reformas legales, la actividad educativa, las campañas de concienciación social y la acción policial. Esta tendencia motivó que los casos de violencia de género –otrora virtualmente invisibles– ocuparan paulatinamente el centro de la vida pública española (Bustelo, López y Platero, 2007).

De tal modo, esta clase de sucesos se ha convertido en lugar común para los medios de comunicación y, por tanto, para la sociedad en general, creándose con ello un acusado estado de alarma social frente al fenómeno. Es por ello que, muy sensibilizados con el problema, tanto jueces como fiscales llegaron al punto de establecer una doctrina favorecedora de la mujer en sus sentencias de separación y divorcio, especialmente en lo relativo a la custodia de los hijos que la pareja pudiera tener en común. Tendencia que más o menos matizada todavía se perpetúa en el presente y, de hecho, en el año 2010 la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 83,2% de las rupturas matrimoniales, cifra equivalente a la registrada en 2009, con un 84% (INE, 2011b).

Esta situación de discriminación positiva no reconocida legalmente, y contra lo pretendido, degeneró en una retroalimentación indeseada de la violencia contra las mujeres que entre los años 2000 y 2006 aumentó en el ámbito doméstico un 15.16%, siendo el tercer país en el que más creció en el susodicho periodo (Sanmartín et al., 2010). Consecuentemente, y a la vista de esta espiral, se llegó a un punto en el que se vieron desbordadas las previsiones jurídicas de lo establecido en el Código Penal y se planteó la necesidad de combatir con eficacia la violencia contra las mujeres a la par que se calibraban y regulaban, adecuadamente, estas situaciones de discriminación positiva.

Ha de quedar claro, antes de continuar, que este trabajo no pretende caer en simplificaciones ni abordar en su integridad los posibles defectos y/o virtudes de la Ley 1/2004, cuestión de enorme actualidad y controversia entre juristas, psicólogos, psiquiatras, educadores y mediadores que excede con mucho nuestros objetivos. Por lo demás, no podemos negar –o minimizar– el terrible hecho de que, tal y como muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística(1), entre el año 2000 y el 2010 murieron 710 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Una tragedia social deleznable que precisa de un tratamiento psicosocial y criminológico inmediato y a todos los niveles. Pero, y este extremo no es menos cierto, cada vez es más habitual asistir al relato de cómo, escudadas tras esta ominosa realidad, habría personas oportunistas que por motivos muy dispares habrían aprovechado la ola de sensibilización ciudadana y jurídica que ha inundado el cuerpo social, para hacerse con una sentencia favorable y, por supuesto, con las posibles ventajas morales y materiales que ésta lleva aparejadas. Una cuestión de gran impacto sociocultural, aún a caballo entre el mito y la realidad, cuya posible veracidad o falsedad debiera ser –creemos– adecuadamente debatida.

De la discriminación positiva al debate sobre la“denuncia falsa”

Cuando vio la luz la Ley 1/2004, muy pronto se convirtió en una herramienta para el debate político –en poco tiempo se presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) nada menos que 187 recursos de inconstitucionalidad contra diferentes aspectos del texto– a la par que en un instrumento liberador para aquellos miembros de la judicatura que pudieran sentirse señalados por la presión mediática y popular. Pero también, y de manera colateral, generó un importante debate jurídico-legal al ponerse en tela de juicio elementos básicos del Estado de Derecho como el de la mismísima igualdad ante la ley y el de la presunción de inocencia –hechos que indujeron a muchos jueces a renunciar a la aplicación de los artículos más controvertidos de la Ley 1/2004 hasta que el TC se manifestara sobre los recursos presentados contra los mismos. Dos tipos de debates controvertidos que han dado lugar a serias polémicas conceptuales, jurídicas e ideológicas (Barrere, 2003), que han sido zanjadas en el plano legal en más de un sentido por las resoluciones del TC, pero no así en lo relativo a la discusión política.

Cabría pensar que la entrada en vigor de la Ley 1/2004 habría supuesto, en tanto que persecución directa de estas actividades criminales contra las mujeres, un descenso radical de la violencia contra ellas, pero nada más alejado de la realidad. Como se ha indicado a través de diferentes estudios de las cifras criminales españolas: “Los delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas, mostraron una curva de marcada estabilidad entre los años 2000 y 2002. Posteriormente aumentaron de manera progresiva –e incluso rápida– pasando de 1.62 por cada mil habitantes en 2002, a 2.70 en 2009. Aquí se pone de manifiesto demanera clara la importancia para la medición de la criminalidad que ha significado la Ley Integral Contra la Violencia de Género pues del mismo modo que ha provocado un aumento de las denuncias y detenciones en este ámbito […], parece no haber tenido una incidencia clara en el descenso de la violencia contra las mujeres” (Pérez-Fernández, Pérez-Abellán, Antolínez- Merchán, Cabrera y Siegl, 2012; p. 19). De hecho, el incremento de denuncias por malos tratos interpuestas por mujeres hacia sus parejas o exparejas no sólo no ha disminuido, sino que ha seguido una tendencia de incremento constante. Así, mientras en que 2003 se interpusieron 50.090 denuncias, en 2007, tres años después de la entrada en vigor de la Ley 1/2004, ya se contabilizaron 126.293(2) (Pérez del Valle, 2009).

Mucho se ha discutido a costa de este efecto rebote, inexplicable si tenemos en cuenta el hecho de la ya reseñada concienciación sociopolítica en torno al problema, pero no parece tan extraño cuando se tiene en cuenta, entre otras cosas, que la desventaja del hombre ante la mujer en este particular jurídico aunada a una falta endémica de políticas preventivas, ha involucionado hacia situaciones de fuerte carga emocional –fuente de nuevas violencias– que han limitado el efecto de la legislación en sí misma conduciendo a muchos profesionales a poner en tela de juicio alguno de sus aspectos centrales en la medida que generadores de contradicciones irresueltas y en absoluto baladíes: “La construcción social del binomio formado por agresor y víctima atribuye el uso y el monopolio de la violencia a los hombres y la pasividad a las mujeres. En la medida en que se asigna a las mujeres una posición fija de pasividad, el Estado asume el papel activo de protección de éstas —pretendidamente desvalidas y no violentas— frente a los hombres violentos. La relación que lasmujeres tienen con la violencia se limita al papel de sufrirla, lo cual las colocaen una posición infantil y, por ello, dependiente de la actuación del Estado. Desde esta lógica, no se trata de sacar a la mujer de esta posición o, como mínimo, cuestionarla, sino de castigar al agresor que se excede” (Coll-Planas, García-romeral, Mañas-rodríguez y Navarro-Varas, 2008, p. 201).

No en vano, y a pesar de la múltiples ayudas, esfuerzos, ventajas, organismos, campañas y beneficios que la legislación y las instituciones han procurado a la mujer para su defensa, y que se obtienen “con la simple interposición de la denuncia en unos casos o del dictado de la orden de protección en otros, sin necesidad de esperar al menos a la sentencia condenatoria en los juicios rápidos […], lo cierto es que de los datos oficiales publicados puede llegarse a la conclusión de que la mujer no ha sido protegida adecuadamente con esta Ley [1/2004] en el ámbito penal y no se han cumplido ni mucho menos las expectativas esperadas (Pérez del Valle, 2009).

Estas curiosas asimetrías entre hombre y mujer, no exclusivas de la legislación española pero si acentuadas por una ley tan específica –y peculiar– como la 1/2004, que por su propia idiosincrasia tiende a otorgar a la mujer el inevitable papel de víctima y al hombre el ineludible de verdugo(3), han sido sometidas a profunda crítica por cuanto, se sostiene desde los entornos más críticos, degenerarían en picarescas como la de las denuncias falsas de maltrato a la pareja o de abuso sexual sobre los hijos en los procesos de separación y divorcio. Un fenómeno que pese a no haber sido materia para un estudio exhaustivo –o al menos claro– en España, tampoco es en caso alguno nuevo, tratándose de un hecho ampliamente registrado en la literatura anglosajona desde hace décadas (así, y por citar dos conocidos, Kaplan y Kaplan, 1981 o ross y Blush, 1990). Estos estudios internacionales manifiestan que para muchas mujeres denunciar a sus exparejas en relación a abusos sobre los hijos –fenómeno conocido popularmente como bala de plata– es contemplado como un recurso “infalible” que consigue la imposición automática de medidas cautelares y la permanente sombra de la sospecha sobre el varón, ante los tribunales, durante el resto de proceso. A tal respecto, la literatura ha establecido, tras un profuso estudio de estas denuncias falsas por abusos sobre los hijos presentadas en tribunales estadounidenses, un perfil tipo de las mismas (Wakefield y Underwager, 1990):

1. La denuncia siempre aparece tras la separación, y en el contexto de las acciones legales.

2. A menudo existe un historial de disfunciones familiares relacionadas con otros conflictos irresueltos.

3. El perfil de la acusadora es el de una persona enfadada, a la defensiva y autojustificativa que podría padecer algún tipo de trastorno de personalidad (límite o histriónico por lo general).

4. El perfil del acusado es el de una persona pasiva, culta y carente de los atributos habituales del macho.

5. La supuesta víctima de los abusos responde al perfil de una niña menor de ocho años.

6. La denuncia siempre es presentada por el progenitor –la madre por lo común– que tiene la custodia efectiva o provisional de la supuesta víctima.

7. La madre acusadora siempre acude con el niño a un “experto” cuyo testimonio confirma el abuso e identifica al padre como abusador.

8. Habitualmente, el tribunal reacciona al testimonio experto limitando o cesando las visitas del padre.

Debe señalarse, por lo demás y en todo caso, que los estudios indican que este problema no está necesariamente relacionado con variables como el sexo del denunciante, pese a que afecte en mucha mayor medida a las mujeres en tanto que principales beneficiarias jurídicas de la custodia legal de los hijos durante los procesos de separación. Por otra parte, diversos estudios han mostrado que la denuncia falsa de abusos o malos tratos durante las etapas previas –o intermedias– de los procedimientos judiciales guardarían una relación más o menos clara con las manifestaciones del llamado síndrome de alienación parental o SAP (Bermúdez, 2009).

Denuncia falsa: ¿mito o realidad?

Entretanto la literatura científica anglosajona muestra una amplia cantidad de trabajos relacionados con las denuncias falsas de agresión sexual expresadas por niños y adolescentes, el problema que nos ocupa es prácticamente invisible en relación a la mujer adulta y las supuestas acusaciones falsas de malos tratos. Más aún, en España el asunto está prácticamente ausente de la literatura científica lo cual nos habla de un claro sesgo de autocensura en la investigación que afecta, incluso, a la cuantificación y consideración social y jurídica del problema. Así, ninguna de las fuentes estadísticas habituales en materia judicial (Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Consejo General del Poder Judicial) ofrece datos más o menos claros en este sentido pues ni tan siquiera los cuantifican con rigor y, de ofertarlos, se presentan al público ya elaborados. Así por ejemplo, y en una línea informativa que ya es habitual, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (órgano del CGPJ), establece que en el segundo cuatrimestre del año 2011 se produjo un total de 40,9% de sentencias absolutorias, pero no se aclara cuántas de ellas podrían ser consideradas “falsas” o “dudosas”.

Profundicemos en los escasos datos de que se disponen a fin de subrayar el “lado oscuro” de las cifras del que prácticamente nadie habla: Alrededor de la cuarta parte de los hombres denunciados por violencia de género nunca son condenados (Pérez del Valle, 2009). Así, de los 480.663 procedimientos abiertos contra varones desde la entrada en vigor de la Ley 1/2004 hasta el año 2008, 95.328 (un 19.83%) se sobreseyeron provisionalmente y nunca llegaron a juicio; 12.455 (2.59%) fueron absueltos tras los pertinentes juicios de faltas celebrados en los juzgados de violencia contra la mujer; 24.267 (5.04%) resultaron absueltos por los juzgados de lo penal y 87 (0.018%) fueron absueltos en las audiencias provinciales. En total, 132.137 varones –el 27.49% de los denunciados– jamás resultaron condenados sin que ello les evitara los pertinentes perjuicios sociales, morales y jurídicos que les produjo verse envueltos en semejante situación, y de los cuales nunca fueron resarcidos (CGPJ, 2008). Podría argumentarse que este exagerado número de sobreseimientos pudiera tener que ver con el hecho de que muchas mujeres retiren sus denuncias, pero no existe coincidencia a este respecto en los datos pues la ratio de renuncias, ofrecida por la misma fuente, se cifra en torno al 10% y, por lo demás, la legislación establece que los procedimientos de violencia de género sigan adelante con independencia de que la denunciante se retracte de sus intenciones.

La escasa profundización en los motivos y efectos de las cifras que venimos desgranando a lo largo de este trabajo, y que apenas si rascan la corteza de una realidad repleta de opacidades, ha generado un claro sesgo informativo que ha calado hondamente en la opinión pública y que ha servido para que, desde diferentes sectores pro-derechos de la mujer, se defienda con cierta solvencia estadística la idea de que las denuncias falsas son un simple mito (Balseiro, 2008) que, por tanto, no debiera ni tan siquiera ser considerado. Un backlash ideado por la “cultura machista” para mantener su opresión sobre la mujer puesto que si no hay dato empírico fiable y contrastado, no existe problema real. Justamente –y de suerte paradójica– la misma clase de argumento que se utilizó durante siglos para ocultar hechos incuestionables como la opresión, el sometimiento y la violencia contra las mujeres. Más aún, y dado que no se encuentra tipificado en las guías de los trastornos mentales más utilizadas (CIE y DSM), este tipo de planteamientos niega radicalmente la existencia de supuestas patologías como el SAP, u otras similares, y las considera acientíficas y parte de esa contraofensiva del establishment machista (Escudero, Aguilar y Cruz, 2008), por lo que advierte de los riesgos inherentes a que las resoluciones judiciales puedan verse afectadas por ellas.

El problema objetivo, sin embargo, es otro bien diferente: la denuncia falsa, de poder constatarse mediante estudios empíricos de calidad científica contrastada, no sólo perjudicaría al varón en tanto que receptor pasivo de la misma, sino también a la mujer realmente maltratada en la medida que práctica perniciosa que, de generalizarse, podría terminar por someterla a la desconfianza pública y jurídica. Así lo advertía, no sin tibieza, la propia Fiscalía General en 2006 al advertir que el uso indebido de la Ley 1/2004 “no es cierto, aunque aparezcan casos aislados como en cualquier otra actividad delictiva, casos que con más empeño habrá que dilucidar por el daño que se hace a las mujeres sometidas a malos tratos físicos o psicológicos que se ven subordinadas a una duda irracional e injusta” (Memoria de la Fiscalía General del Estado, 2006, p. 357).

No obstante, dentro de esta corriente negacionista –o mitificadora– de la denuncia falsa, y que parece tener más un carácter ideológico que propiamente científico, comienzan a aparecer voces discordantes, sobre todo fuera de España. Cada vez son más las feministas norteamericanas, adscritas a ámbitos académicos, que consideran que el grueso del movimiento feminista incurre en un falseamiento sistemático de la realidad al convertirse, más que en un movimiento de lucha por los derechos de la mujer, en un movimiento de victimización de la misma.“Señalan también, que gran parte de la investigación feminista carece de rigor científico y está imbuida, y demasiado contaminada, por la ideología feminista. Afirman que estas deficiencias decalidad se trasladan a los estudios de mujer de las universidades, cuyos contenidos sonlimitados por la censura de la corrección política feminista que opera en ellos. Culpan al feminismo de haber creado un estado de alerta y crispación con la extensiónde la definición de los conceptos de acoso y agresión sexual más allá del sentido común”(León, 2009).

El hecho es que los supuestos casos de “denuncia falsa”, una vez establecido este contexto complejo en el que no pueden gozar de atención y cobertura dentro del discurso oficial, quedan finalmente reducidos al espacio de los foros y los chats de internet, o a los informes de actualidad de los medios de comunicación, pues solo allá las pretendidas víctimas de esta estrategia acusatoria parecen recibir oídos, apoyo, y encontrar una vía para la difusión de su problema. Lo cierto es que los impulsores de las nuevas asociaciones de afectados por las denuncias falsas de maltrato que empiezan a consolidarse en España estiman que la desigualdad de trato con respecto a la mujer ante los tribunales está sirviendo para que se silencien otras estadísticas ominosas, como la de la cantidad de hombres que sufren la violencia intrafamiliar(4).

De hecho, hemos de reconocer como autores de este trabajo que, frente a lo que sucede en el caso de la violencia del hombre hacia la mujer, en el que las estadísticas son profusas, profundas y generadas en múltiples fuentes, nos ha sido verdaderamente difícil encontrar, dentro del contexto español, datos fidedignos que discurran en el sentido contrario –o que simplemente lo traten. Si ubicamos esta ausencia en sintonía con la realidad que se describe en los estudios internacionales(5) nos enfrentamos, evidentemente, a fundadas sospechas sobre el silenciamiento psicosocial, cultural, político y jurídico de un problema y, a la par, de una muestra más del interesado control de las estadísticas criminales que se ejerce por parte de los poderes públicos y que ya ha sido denunciado por los investigadores en relación a otros ámbitos y temáticas delictivas (Aebi y Linde, 2010).

Conclusión: ¿Hay un perfil en la denuncia falsa?

La única vía material de acceso a este problema que nos ha permitido el estado de la cuestión anteriormente descrito ha sido el análisis de las sentencias del Tribunal Supremo lo cual, al menos, aclara el panorama y permite penetrar con eficiencia en el problema de la tipificación de la denuncia falsa frente a la que no lo es(6). Más aún, este análisis muestra que existiría una caracteriología más o menos común a este tipo de denuncias que se encuentra en cierta sintonía –no en pie de igualdad pues no tratamos el mismo problema específico–, especialmente cuando la violencia aparece en contextos de divorcio y/o separación y existen hijos de por medio, con la descrita en la literatura en torno al ya citado SAP (Oropeza, 2007).

Tampoco es desdeñable, por cierto, el parecido que la posible denuncia falsa en el campo de los malos tratos mostraría con la que puede encontrarse en otros entornos jurídicos, como el del acoso laboral o los abusos sexuales, y ello podría deberse, aventuramos, al hecho de que el falso denunciante, sea cual fuere su naturaleza y por su propio interés litigante, busca en última instancia el beneficio personal, el perjuicio de la parte –o partes– denunciada, o bien ambas cosas (Kvitko, 2006).

Tomando como punto de corte el año 2004, momento en el que entra vigor la Ley 1/2004, encontramos que:

• Parece existir una importancia elevada del factor económico. De hecho, la mayor parte de las denuncias falsas tienden a darse con mayor asiduidad entre la población de nivel económico medio-bajo, por lo común, la parte denunciante suele ser la de mayor insolvencia.

• Se muestra tópico en aquellos casos en los que la denuncia parece falsa que la parte denunciante muestre un elevado grado de querulancia, insistiendo más en el ataque sistemático hacia la personalidad de la parte denunciada que en el detalle de los hechos que se denuncian.

• La denuncia falsa parecería insistir más en el dolo psicológico que en el maltrato físico. De hecho, sería más fácilmente identificable por el defecto y la circunstancialidadde lo denunciado que por el exceso, ya que se apoyaría más en la acumulación masiva de indicios sospechosos que en la aportación de datos –o episodios– concretos y relevantes de malos tratos. Más aún, parece darse una tendencia hacia la omisión expresa de cualquier detalle que pueda ser tomado ocasionalmente como benéfico o exculpatorio para con la parte denunciada.

• No es raro que la falsa denuncia –algo habitual en estos casos– sea instigada por una tercera persona (familiar, amigo, conocido) afín a la parte denunciante. Por ello es relevante, en caso de que existan sospechas acerca de la falsedad de la denuncia, prestar atención a elementos externos como la calidad del testimonio de la víctima, su repetitividad, la cantidad de pruebas materiales que se aporten, y la mayor o menor circunstancialidad de aquello que se denuncia.

En lo relativo al diseño de un perfil psicológico del falso denunciante por malos tratos, encontramos elementos que, a menudo, son tópicos en cualesquiera otras tipologías de falsos denunciantes, así como detalles testificales que han de ser tenidos en cuenta –y examinados llegado el caso– por los profesionales implicados a fin de no incurrir en errores (Maqueda, 1999):

Personalidad paranoide y disocial (criterio CIE-10). Esta se detecta tanto por su insistencia contumaz en la acusación (querulancia o litigancia activa), como por su amoralidad en la exigencia de una justicia que la propia parte denunciante no respeta. De hecho, y precisamente por ello se muestra muy resistente y ansioso frente a las vistas orales y careos, el falso denunciante incurre a menudo en delirios conspiratorios e intolerancia extrema hacia las opiniones y/o criterios discrepantes. Por ello, cuando se sospecha una falsa denuncia se deben considerar los expedientes médicos, psicológicos y psiquiátricos que puedan existir, especialmente si la denuncia atañe a casuística relacionada con abusos sexuales. También pueden ser muy valiosos los testimonios de las personas cercanas –familiares, compañeros de trabajo y etcétera– de quien se sospecha fundadamente que denuncia en falso.

Si la denuncia tiene que ver con abusos sexuales, especialmente cuando estos involucren a niños, es importante saber cómo se obtuvo la información acerca de los mismos pues, contrariamente a lo que suponen muchos psicoterapeutas, la información obtenida bajo hipnosis o en grupos de apoyo a menudo no es fiable. Tampoco es raro que sucedan situaciones de recuerdo recobrado, que habitualmente son falsos como se muestra en la literatura, si las preguntas del terapeuta son demasiado inductoras o sugerentes (Loftus y Ketcham, 1994; yapko, 1994). También se debe ser cuidadoso con los testimonios de menores en el caso de que la parte denunciante insista con obstinación en que testifiquen.

Deben examinarse, si aparecen, los motivos por los que el denunciante expresa resistencias –a menudo fuertes– a que otros expertos ajenos a su parte ofrezcan una segunda opinión acerca de su caso en concreto.

Lamentablemente, con las limitaciones de la literatura y de los datos existentes en el panorama científico español en el momento presente, resulta harto complejo profundizar más en esta cuestión que, pese a su enorme actualidad, solo parece admitir determinados discursos mostrándose, al parecer, inmadura para evolucionar hacia otras vías de conocimiento.

Y sin embargo, más allá de la obvia discriminación a la que se somete al varón desde las premisas de la legislación actual –lo cual ya sería por sí mismo una razón más que suficiente para una investigación sistemática–, el tema merece estudio y consideración en atención a la propia mujer maltratada que, como ya se ha indicado, puede terminar por ver menoscabada su defensa a causa del uso arbitrario que pudiera hacerse de una legislación que, siendo mejor o peor, se diseño para protegerla. No olvidemos con cuánta facilidad aquellos mismos discursos que tanto esfuerzo –formal y material– cuesta introducir en la sociedad pueden verse suprimidos por el crecimiento de corrientes de opinión reactivas a ellos.

A menudo se dice que hace falta aún mucho esfuerzo pedagógico y material para que la sociedad y la cultura evolucionen hacia la igualdad efectiva, a todos los niveles, entre hombres y mujeres. y es cierto. Pero tampoco es menos verdad que determinadas actitudes sociopolíticas e informativas, carentes de fundamento científico real y de corte limitante, impiden que se penetre con eficacia en el epicentro de esos mismos problemas que se pretende combatir y erradicar. Hace falta pues que, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno, alcancemos la altura de miras suficiente como para poder elevarnos con eficacia sobre los prejuicios, las visiones sesgadas, las sombras y las medias verdades. El conocimiento, y conviene recordarlo de vez en cuando, sólo es perjudicial para quien teme a la verdad.

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1) www.ine.es

2) Este inusitado incremento en las cifras podría tratar de explicarse a través del impacto generado entre la población femenina por las campañas de concienciación a favor de la denuncia de las situaciones de maltrato, pero lo cierto es que tal aseveración no deja de resultar especulativa por cuanto se trata un extremo no establecido científicamente.

3) Un sesgo curioso que contraría buena parte de la literatura científica internacional, así como los resultados obtenidos por muchas de las macroencuestas sobre criminalidad realizadas en otros países. Tales documentos avalan un claro sentido de bidireccionalidad en lo relativo a la violencia entre sexos, ya sea en el ámbito intra o extrafamiliar, estableciendo niveles parejos de conflictividad y virulencia para ambos sexos (así por ejemplo, Feather, 1996; Mihalic y Elliott, 1997; Archer, 2002; Ehrensaft, Moffit y Caspi, 2004, y otro largo etcétera).

4 resulta muy esclarecedora en este sentido la revisión del llamado “Informe Iceberg”, presentado por un grupo independiente de padres separados ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Senado de España, durante la sesión del 25 de junio de 2001 [puede consultarse en http://www.conpapaymama.org/documentos/ice_mini.pdf; tomado en marzo de 2012].

5) Véase nota 3. 6 http://noticias.juridicas.com.